Mario Joaquín López nuestro Coordinador de Proyectos Especiales,  explica el impacto del COVID-19 en Guatemala  y nuestra respuesta al mismo. En Guatemala se registraron 3,954 casos confirmados, 289 casos de personas que se recuperaron y 63 muertes hasta el momento de la redacción de esta publicación (27 de mayo 2020). Si consideramos que la población de Guatemala es de aproximadamente 15 millones de personas, la cantidad de casos es relativamente baja en comparación con otros países de América Central[1]. Sin embargo, según la Organización Panamericana de la salud (OPS), las próximas semanas podría observarse un incremento en la cantidad de personas infectadas y muertes en toda América Latina. Esto dependerá en gran medida de las reglamentaciones que adopte cada país[2].

Si bien el sistema de salud de Guatemala es débil y la cobertura es escasa[3], durante las últimas semanas el gobierno adoptó medidas específicas para enfrentar la pandemia. Se implementó una cuarentena desde el 16 de marzo, se cerraron las fronteras marítimas, terrestres y aéreas, se estableció un toque de queda, se restringieron los viajes entre departamentos (áreas geográficas similares a los estados), se suspendió el transporte público y se cerraron los centros comerciales (salvo las actividades económicas vinculadas a los productos esenciales). Estas medidas, sumadas a la apertura de hospitales provisorios en diferentes puntos del país, pretenden reducir la propagación del virus, que aún no tiene cura y genera una enorme incertidumbre con respecto al futuro.

La suspensión del trabajo y la recomendación de quedarse en casa en un contexto en el que la mayor parte de los empleos (70 por ciento) son informales, más de tres de cada cinco personas (61,6 por ciento) viven en situación de pobreza, prácticamente una de cada cuatro personas (23 por ciento) vive en situación de pobreza extrema[4] y la mitad de los niños (50 por ciento) sufren desnutrición crónica[5] han afectado a las familias de varias maneras[6].

La situación de las familias que hoy viven en estado de pobreza pasará a ser extrema. Una infinidad de familias se quedarán sin su medio de vida y no podrán enfrentar el costo de los servicios básicos. La seguridad alimentaria de muchos estará en riesgo, y, en zonas de climas vulnerables, los efectos de la sequía harán que sea imposible cultivar para vivir[7].

En la actualidad, el gobierno está brindando asistencia a 200.000 familias[8], proporcionando alimentos y vales de dinero durante tres meses, lo cual podría beneficiar a 1,2 millones de personas. Sin embargo, esta cobertura subestima que son 3,4 millones las personas que viven en situación de pobreza extrema. Además, una gran parte de esta población vulnerable vive en zonas rurales remotas en las que no podrán mantener su medio de vida ni tendrán acceso al apoyo del gobierno.

De este contexto surge la intención de Hábitat para la Humanidad Guatemala de colaborar con las familias y comunidades de regiones vulnerables. A través de una red de donantes nacionales e internacionales, Hábitat está recaudando fondos para ayudar a quienes más lo necesitan, en tres etapas.

La primera involucrará trabajos de respuesta junto a nuestra red de líderes comunitarios y voluntarios de zonas rurales, para identificar a las familias que necesitan ayuda. Esta etapa incluirá la provisión de artículos básicos que cubrirán el déficit de alimentos durante un mes. También se distribuirán kits de higiene para prevenir la propagación del virus y garantizar la salud y la higiene en las casas durante varios meses. Se les asignarán vales de dinero a las familias para que puedan cubrir los costos de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, recolección de residuos, alquiler). Este proceso se implementará conjuntamente con campañas públicas y programas de promoción para evitar el contagio y fomentar hábitos de salud en los hogares, mediante material visual y audiovisual en las lenguas locales.

La segunda etapa se enfocará en trabajos de recuperación, con el fin de fortalecer los medios de vida de muchas personas, por ejemplo, la cría de aves de corral, para garantizar el acceso a proteínas (carne y huevos). Esta etapa también incluye trabajos en las casas para asegurar el acceso al agua, sistemas de saneamiento adecuados y mejoras en las estructuras físicas de las construcciones.

La tercera etapa será de mitigación y se implementará a largo plazo. En este período se promoverá la construcción social de resiliencia, mediante capacitaciones regulares y el desarrollo de talleres para los líderes y las familias de la comunidad. En este proceso, se implementarán proyectos productivos sostenibles y permanentes, como jardines familiares.

Nuestro objetivo es llegar a más de 5.000 familias de zonas rurales remotas que no están recibiendo ayuda de otros programas. Sin embargo, para lograr esto aún se requieren fondos y la esperanza de que puedan reanudarse las actividades normales. Esto estará sujeto a que la cantidad de personas infectadas en las áreas rurales disminuya. Lo que ocurra con la tasa de infección durante las próximas semanas será decisivo para poder asistir a las familias que más están sufriendo la cuarentena.